Graciela Guardia, quien padecía cáncer desde hacía seis años, falleció el pasado miércoles después de haber tenido que suspender su tratamiento en diciembre pasado debido a que el medicamento que requería es importado y había sido retenido en la aduana.
Guardia recibía tratamiento a través del Programa Oncológico del servicio de Salud público de la provincia argentina de Mendoza (oeste), donde residía.
Ante el empeoramiento del estado de salud de la paciente, un juzgado argentino obligó al Estado a proveerle el medicamento TDM 1 Kadcyla, pero el producto permaneció un mes más en la aduana y llegó cuando el estado de Guardia ya era terminal.
En el dictamen judicial, la magistrada a cargo de la causa había advertido que “el no aplicar un determinado tratamiento durante un período de tiempo puede acarrear consecuencias que luego resulten irreversibles o de muy difícil reversión”, según informó el portal Vox Populi.
El marido de Guardia, Osvaldo Quiroga, aseguró que siempre tuvieron “problemas con la provisión del medicamento” debido a las restricciones a las importaciones que rigen en Argentina y que desde el Gobierno provincial “se preocuparon más por el sepelio” de su esposa “que por conseguir los medicamentos”.
“Unos días antes de que muriera mi esposa finalmente llegó el medicamento.
Eso es lo que más bronca (rabia) me da, porque a esa altura ya no pudimos suministrarla. No había forma de aplicarla, el estado de Graciela era terminal”, declaró el viudo a Vox Populi. Quiroga anunció que iniciará acciones judiciales contra el Estado.
Las fuertes restricciones a la importación han marcado la estrategia económica del Ejecutivo de Cristina Fernández, especialmente desde 2011, con el objetivo de estimular la industria doméstica y frenar la liquidación de las reservas de dólares que acelera la devaluación del peso argentino.
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